La Sentencia 731/2024, de 27 de mayo, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ratifica la importancia del derecho del menor que tenga suficiente juicio o sea mayor de doce años de edad a ser oído en los procedimientos de modificación del régimen de custodia y visitas. Tanto es así, que la infracción de ese derecho determina que nuestro Alto Tribunal case la sentencia de apelación y ordene retrotraer el procedimiento al momento anterior a su dictado, precisamente para que la Audiencia Provincial pueda hacer efectivo ese derecho del menor a ser escuchado, y tenga en cuenta la opinión que éste exprese.

Considera, en efecto, el Tribunal Supremo que el derecho del menor a ser oído, consagrado en los arts. 92 del Código Civil, art. 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y art. 770.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, implica que aquél debe ser escuchado en cualquier procedimiento que afecte a su esfera familiar, personal o social, y que sus opiniones deben ser tenidas en cuenta en función de su edad y madurez. Y en el caso que la sentencia resuelve, ni el Juzgado de Primera Instancia ni la Audiencia Provincial habían escuchado de forma directa al menor, que superaba los diez años de edad en la primera instancia, y los doce en la apelación.

Establece además el Tribunal Supremo que los órganos judiciales deben incluso acordar de oficio la audiencia del menor si ésta es necesaria para proteger su interés superior. Y es que, en efecto, no estamos hablando de una mera formalidad, sino de un pilar esencial para la garantía de los derechos e intereses de las personas menores de edad. Cuando éstas tienen suficiente juicio, y en todo caso cuando superan los doce años de edad, no escuchar lo que tengan que decir sobre un asunto tan trascendental como una modificación del régimen de custodia y visitas no solo vulnera la ley, sino que puede afectar de manera definitiva a su bienestar y a su futuro.